La Justicia de Puerto Madryn elevó a juicio a Germán Darío Martinelli, acusado de haber presentado avales con firmas presuntamente falsificadas —incluidas las de personas fallecidas— para competir en la elección interna de Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios Públicos y Vivienda de Puerto Madryn (Servicoop).
La resolución fue dictada por la jueza penal Patricia Asaro, tras la acusación formulada por la fiscal general Ivana Berazategui, quien encuadró los hechos en el delito de uso de documento falso, previsto en el artículo 296 del Código Penal.
La acusación fiscal
La investigación se originó en el marco de las elecciones de delegados realizadas el 21 de diciembre de 2024.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el 10 de diciembre de ese año Martinelli presentó 32 planillas de avales con datos de asociados —nombre, DNI, número de socio y firma— como requisito para oficializar la Lista N° 55 blanca.
De acuerdo con la acusación, al menos cinco de esas actas contendrían firmas que no pertenecerían a las personas consignadas como avalistas. Además, entre los firmantes se habrían detectado asociados fallecidos antes de la fecha de presentación de la documentación, con decesos registrados en 2019, 2022 y 2023.
Delito de uso de documento falso
Para la Fiscalía, los hechos no constituyen meras irregularidades administrativas, sino la utilización de documentación presuntamente apócrifa presentada como auténtica ante la autoridad correspondiente.
La figura penal aplicada sanciona a quien hace uso de un documento falsificado o adulterado con conocimiento de su falsedad, afectando la fe pública y la confianza en los instrumentos escritos.
Próxima etapa: juicio oral y público
La elevación a juicio implica que la etapa de investigación fue considerada concluida y que existen elementos suficientes para que el caso sea debatido en un juicio oral y público.
En esa instancia se determinará la eventual responsabilidad penal del imputado, bajo el principio de presunción de inocencia que rige hasta que exista una sentencia firme.
El caso adquiere relevancia institucional al tratarse de un proceso electoral interno de la cooperativa que administra servicios esenciales en Puerto Madryn. En ese marco, la acusación pone el foco en la responsabilidad que implica la presentación de avales y el respeto por la identidad y la voluntad de los asociados.
