La causa por una presunta extorsión al intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, ingresó en una instancia clave. Tras la audiencia realizada en sede judicial, la jueza penal María Inés Bartels deberá resolver en un plazo de tres días si habilita la apertura formal de la investigación.
El caso, que tiene como imputados a Gastón Domecq y Héctor Ibáñez, se centra en un presunto pedido de dinero a cambio de evitar conflictos al jefe comunal.
Qué expuso la Fiscalía
Durante la audiencia, la fiscal Ivana Berazategui presentó los elementos iniciales de la causa y describió la dinámica del hecho investigado.
Según la acusación, al intendente le habrían exigido 60.000 dólares bajo un esquema de intimidación. Entre las frases mencionadas en la audiencia, se destacó: “Esto tiene un costo, Héctor no trabaja gratis”.
Además, la Fiscalía sostuvo que se habría planteado un escenario en el que, de no acceder al pedido, podrían generarse consecuencias negativas.
En esta etapa, el Ministerio Público Fiscal busca demostrar que existieron indicios suficientes para avanzar con la investigación penal.
La postura de las defensas
Por su parte, las defensas de los imputados rechazaron la acusación y realizaron varios planteos técnicos.
En concreto, solicitaron:
- La nulidad de los allanamientos
- El rechazo de la apertura de la investigación
- El sobreseimiento de los imputados
También argumentaron que los hechos descriptos no encuadran en el delito de extorsión.
En la audiencia, Gastón Domecq fue representado por el abogado Daniel Báez. En tanto, Héctor Ibáñez contó con la asistencia de la defensora pública Lucía Capone, ante la ausencia de su abogado particular.
Qué debe definir la jueza
En este momento, la jueza debe analizar si los elementos presentados alcanzan para formalizar la investigación.
No se trata aún de una definición sobre la culpabilidad, sino de una evaluación inicial sobre la existencia de un posible delito.
Si la jueza decide avanzar, se abrirá una nueva etapa procesal. Allí, los imputados podrán declarar y la causa continuará con la producción de pruebas.
Qué implica el delito de extorsión
La figura de extorsión está prevista en el Código Penal argentino. Se configura cuando una persona, mediante amenazas o intimidación, obliga a otra a entregar dinero o bienes para obtener un beneficio indebido.
En este caso, el tribunal deberá determinar si los hechos denunciados encuadran en esa figura.
Una decisión con impacto político y judicial
Más allá del proceso técnico, el caso tiene un impacto que trasciende lo judicial. Involucra a una figura pública y plantea un escenario que combina elementos políticos, institucionales y penales.
La resolución de la jueza marcará el rumbo inmediato de la causa. En tres días, se sabrá si la investigación avanza o si los planteos de la defensa logran frenar el proceso en esta instancia inicial.
