El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pidió aplicar la Ley Antimafia para avanzar contra organizaciones criminales en Comodoro Rivadavia. El planteo surge tras un nuevo hecho violento que volvió a poner el foco sobre estructuras delictivas con antecedentes en la ciudad.
“El problema no se resuelve suspendiendo juicios. Se resuelve con condenas ejemplares”, afirmó el mandatario.
Un crimen que reavivó el conflicto
El pedido del gobernador se dio luego del asesinato de dos personas en la madrugada del miércoles. Según la investigación, una de las víctimas iba a declarar como testigo en una causa vinculada a las familias Vera y Nieves.
Este dato agravó el escenario. No solo se trata de un nuevo hecho violento, sino de un posible intento de interferir en el proceso judicial.
Familias bajo la lupa
Las familias Vera y Nieves aparecen en reiteradas investigaciones por hechos delictivos en Comodoro Rivadavia. Su historial incluye causas por homicidios y otros delitos graves.
En ese contexto, el gobernador sostuvo que estas estructuras operan desde hace años y generan un clima de temor en la comunidad.
El pedido: aplicar la Ley Antimafia
Torres reclamó la aplicación de la Ley Antimafia Argentina, una normativa nacional que permite juzgar a organizaciones criminales en su conjunto.
A diferencia de otros enfoques, esta ley no se limita a los autores materiales. También alcanza a quienes integran la estructura delictiva.
“Tenemos una herramienta fundamental para avanzar contra estas organizaciones”, remarcó.
Qué establece la ley
La Ley 27.786, vigente desde 2025, busca combatir el crimen organizado. Entre sus puntos principales, establece:
- La posibilidad de juzgar a toda la organización
- Penas de hasta 20 años de prisión
- Un enfoque integral sobre redes delictivas
Este marco legal apunta a desarticular estructuras completas, no solo casos aislados.
Mesa de trabajo y estrategia conjunta
Además del pedido, el gobernador anunció la creación de una mesa de trabajo. Estará integrada por fuerzas de seguridad, fiscales y el Poder Judicial.
El objetivo es coordinar acciones y avanzar de manera más efectiva en la investigación de estos hechos.
En ese espacio participarán funcionarios como el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, y el procurador general, Jorge Miquelarena.
Un mensaje político y judicial
El planteo de Torres combina dos dimensiones. Por un lado, busca acelerar las investigaciones. Por otro, envía un mensaje político claro sobre la necesidad de enfrentar el crimen organizado.
“Vamos a ir a fondo para garantizar la seguridad”, aseguró.
Un escenario que exige respuestas
Lo ocurrido en Comodoro Rivadavia vuelve a exponer la complejidad del fenómeno delictivo en la región. No se trata solo de hechos aislados, sino de estructuras que operan en el tiempo.
En ese contexto, la discusión sobre cómo abordarlas —y con qué herramientas— vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.
