La Legislatura del Chubut aprobó por amplia mayoría la ley que prohíbe el uso de celulares y dispositivos móviles en cárceles y comisarías de la provincia. La medida, impulsada por el gobierno de Ignacio “Nacho” Torres, apunta a limitar uno de los principales canales a través de los cuales se organizan delitos desde el encierro.
La sanción marca un punto de inflexión en la política de seguridad provincial y, al mismo tiempo, abre un debate de fondo sobre cómo equilibrar el control del delito con el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad.
Una ley con amplio respaldo político
La norma fue aprobada en una sesión ordinaria presidida por Gustavo Menna, con el acompañamiento de la mayoría de los bloques legislativos.
Votaron a favor los diputados de Despierta Chubut, Arriba Chubut, PICH, Chubut Unido y Familia Chubutense. También acompañó la iniciativa Mariela Williams, del bloque Primero Chubut-CET.
En contra se pronunciaron Tatiana Goic y Juan Aquino, dejando en evidencia que, pese al respaldo mayoritario, el proyecto no estuvo exento de cuestionamientos.
Qué establece la nueva ley
La normativa prohíbe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia.
Sin embargo, no elimina el derecho a la comunicación de las personas detenidas. En su lugar, establece un sistema de comunicaciones controladas, supervisadas por el Estado, con el objetivo de evitar que esos canales sean utilizados para cometer delitos.
El foco está puesto en delitos como estafas, extorsiones y amenazas, que en los últimos años han sido detectados en investigaciones judiciales con origen en cárceles.
El argumento central: frenar el delito desde el encierro
Durante el debate, una de las voces más contundentes fue la de María Andrea Aguilera, quien sostuvo que “una cárcel no puede ser un centro de operaciones clandestinas”.
La legisladora planteó que la ley busca poner un límite a las redes delictivas que operan desde los centros de detención y que afectan directamente a la ciudadanía.
En la misma línea, Sonia Cavagnini remarcó que la medida no implica vulnerar derechos, sino ordenar el sistema penitenciario y prevenir delitos.
El presidente del bloque oficialista, Daniel Hollman, también defendió la iniciativa al señalar que el rol de la Legislatura es dar respuestas concretas frente a problemáticas que impactan en la seguridad de la población.
Apoyos con matices
Dentro de los bloques que acompañaron la ley también hubo matices.
Desde Arriba Chubut, el diputado Juan Pais valoró las instancias de debate en comisión, aunque cuestionó la rapidez del tratamiento.
En esa línea, otros legisladores del espacio plantearon la necesidad de garantizar el acceso a la educación y a herramientas digitales dentro del sistema penitenciario, señalando que la resocialización también debe ser parte del enfoque.
Por su parte, Andrea Toro, del PICH, apoyó la iniciativa pero adelantó que solicitará informes sobre la infraestructura tecnológica de las cárceles, un punto clave para la implementación efectiva de la ley.
Las críticas: falta de datos y riesgo de estigmatización
Las voces en contra centraron sus cuestionamientos en dos ejes: la falta de estadísticas concretas y el enfoque del discurso político.
Tatiana Goic sostuvo que no existen datos suficientes que respalden la incidencia real del uso de celulares en la comisión de delitos desde las cárceles, y advirtió sobre el riesgo de estigmatizar a las personas privadas de libertad.
En un sentido similar, Juan Aquino planteó que la medida se basa en “conjeturas” y que no aborda las causas estructurales de la delincuencia, además de señalar las condiciones precarias en las que funcionan muchas unidades penitenciarias.
Seguridad vs. derechos: el eje del debate
Más allá de la votación, la ley pone en evidencia una tensión de fondo: cómo garantizar la seguridad pública sin vulnerar derechos básicos.
El texto aprobado intenta resolver ese equilibrio a través de un sistema de comunicaciones reguladas, pero su implementación será clave para determinar si efectivamente logra ese objetivo.
Lo que viene
Con la ley ya sancionada, el desafío ahora será su aplicación concreta en el sistema penitenciario.
Esto implicará no solo controles más estrictos, sino también inversión en infraestructura, protocolos claros y mecanismos de supervisión que eviten abusos.
En paralelo, el debate seguirá abierto. Porque detrás de la prohibición de celulares en cárceles hay una discusión más amplia: cómo construir un sistema que, al mismo tiempo, prevenga el delito, respete derechos y promueva la reinserción social.
